Desde diferentes instancias del Gobierno se insiste continuamente en la necesidad imperiosa de que nuestra economía se base en un sector industrial potente, con productos, con tecnología, internacionalizado e innovador. Se afirma, y es cierto, que la salida de la crisis únicamente vendrá del impulso y el apoyo decidido a un tejido de pequeñas y medianas empresas manufactureras, que constituyen la base económica de cualquier país que busque un futuro próspero y sostenible. El discurso es correcto. Los problemas comienzan cuando se intentan materializar las medidas de política industrial y la realidad, plasmada en la legislación, es justamente la contraria al discurso.
Un caso paradigmático de esa disparidad es la reforma energética que se promueve desde el Gobierno del Estado en estos momentos. Con el teórico objetivo de encauzar los problemas del sector y acabar con un supuesto déficit de tarifa -que, sin duda, es uno de los conceptos de precio/servicio más sorprendentes que se dan en Europa-, las pequeñas y medianas empresas, van a sufrir graves incrementos en la factura eléctrica. Especialmente, las de algunos sectores, como la industria del Metal, muy intensivas en la utilización de la energía eléctrica. Incrementos que, en muchos casos, ponen en riesgo la viabilidad de estas empresas a corto plazo.
Si en verdad hubiera una voluntad de apoyar a la industria, las reformas deberían orientarse a conseguir que uno de los inputs más importantes en la determinación de nuestros productos, como es la energía, tuviera un precio competitivo, similar al de nuestros competidores europeos. Lamentablemente no sucede así.
El conjunto de cambios legales es de tal calibre que afecta incluso a los grandes consumidores eléctricos, como las siderúrgicas, las fundiciones… Además de los incrementos en los precios de suministro, estas industrias deben soportar las limitaciones en la aplicación de supuestos como la interrumpibilidad y la modulación, que se van a producir sin haber considerado las consecuencias de estas acciones en las relaciones laborales, jornadas de trabajo, etc.
Las empresas del Metal pagamos una factura eléctrica muy por encima de la que han de asumir empresas similares en los países de nuestro entorno. Esto se traduce en una merma permanente de nuestra competitividad, que debe ser paliada arbitrando soluciones a corto plazo y cuestionando el desafortunado conjunto de decisiones y el sostenimiento de medidas que componen un mix energético, sin ningún sentido económico.
De una vez por todas, necesitamos que haya un mercado eléctrico competitivo, que se puedan establecer contratos de suministro a largo plazo -similares a los que se firman en Europa-, y que toda la maraña de “costes asociados” que se han ido incorporando a lo largo del tiempo sea excluida de la factura eléctrica.
Ante este panorama tan preocupante para nuestros asociados conectados en Alta Tensión, FVEM continuará impulsando y trabajando en el nuevo servicio individualizado de contratación de suministro de energía eléctrica, con el objeto de paliar, en la medida de lo posible, la subida actual y reducir el coste de la factura de las empresas.