La reforma laboral aprobada por Ley 35/2010 de 17 de septiembre no tiene ambición, ni tiene futuro. Es claramente insuficiente. No soluciona el problema del elevado desempleo, ni dota de mayor flexibilidad a las empresas, de manera que no facilitará que la economía española pueda emprender el camino de la recuperación económica. Por ello, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal pide, una vez más, una reforma laboral profunda para modernizar nuestro sistema de relaciones laborales, para salir de la crisis y para homologarnos con nuestros colegas de la Unión Europea.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una reforma que apenas contiene avances de interés en lo referente a la flexibilidad interna, a los traslados y a las modificaciones de las condiciones de trabajo o a la posibilidad de que las empresas se adapten a las circunstancias del mercado. Cuestiones, como el recurso al arbitraje -que, en todo caso, debe ser pactado-, el control judicial de la gestión empresarial en caso de despidos objetivos o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo -dejando a la discrecionalidad del juez la justificación o no de las decisiones empresariales-, constituyen una intromisión administrativa inaceptable y suponen, además, una grave ignorancia sobre el funcionamiento real de las empresas y de los mercados.
A pesar del fuerte deterioro del mercado de trabajo, la reforma penaliza la creación de empleo, al limitar la duración temporal del contrato de obra o servicio, y al incrementar de forma gradual la indemnización por la finalización de contrato. Además, introduce mayores restricciones al encadenamiento de contratos, excepto, paradójicamente, en el caso de las Administraciones Públicas -a las que se excluye expresamente de esta limitación-, en una decisión que muestra claramente el uso y existencia de una doble vara de medir supone por parte de los gobernantes.
La reforma abandona a su suerte el grave problema del desempleo juvenil e incrementa el intervencionismo y la burocratización de las relaciones laborales. También fomenta la sindicalización de las Pymes que no cuentan con representantes de los trabajadores, al prever que los operarios puedan delegar su representación en los sindicatos. No se toman medidas para frenar el absentismo, por lo que se sigue permitiendo que perjudique a la productividad de las empresas, ni se clarifican las causas de despido objetivo, ni se abaratan sus costes.
En definitiva, la FVEM no puede más que lamentar los términos en los que ha sido aprobada una reforma laboral que no es la que la economía y las empresas necesitan para salir de la dura situación presente.